That has “put us under a lot of pressure,” he said.

“This government is actually urging us to come out in the street again. They are saying they have not repented; they are saying that they will continue abducting and assassinating us. So, what we are saying (is) that it’s better to shout and die than to keep quiet and be gotten from our homes while we are quiet,” said Githuku of the People’s Liberation Party.Dieciséis estados han demandado a la administración Trump por su plan de permitir la venta de disparadores de reinicio forzado que hacen que los rifles semiautomáticos disparen más rápidamente y devolver dispositivos ya incautados a sus propietarios.

La demanda anunciada el lunes argumenta que devolver los disparadores violaría la ley federal, representaría una amenaza para los residentes y las fuerzas del orden, y agravaría la violencia armada. Fue presentada en un tribunal federal en Maryland.Ha habido varias batallas legales sobre los dispositivos, que reemplazan el disparador típico en un rifle estilo AR-15. La administración Biden había argumentado previamente que los disparadores califican como ametralladoras bajo la ley federal porque la presión constante del dedo mantiene al rifle disparando, creando esencialmente una ametralladora ilegal.Rare Breed Triggers, el fabricante de los dispositivos, había argumentado que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaba equivocada en su clasificación e ignoró las demandas de dejar de vender los disparadores antes de ser demandada por la administración Biden.

El Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo anunciado el mes pasado para permitir la venta de disparadores de reinicio forzado con Rare Breed Triggers, que anteriormente fue representada por David Warrington, el actual asesor de la Casa Blanca de Trump.Según el acuerdo, Rare Breed Triggers acordó no desarrollar tales dispositivos para ser utilizados en armas de mano, según el Departamento de Justicia. El acuerdo requiere que la ATF devuelva los disparadores que había incautado o que los propietarios habían entregado voluntariamente al gobierno.

La demanda de los estados está siendo liderada por los fiscales generales de Delaware, Maryland y Nueva Jersey. Otros estados involucrados son Colorado, Hawai, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, junto con el Distrito de Columbia.

___________________________________But many fellow Republicans had called on him to reconsider, and he jumped back into the running just two weeks later.

He was unopposed in the Republican primary and then defeated Democrat Megan Barry — the former Nashville mayor who resigned in 2018 in scandal — by more than 21 percentage points in November 2024.Green, 60, has served since 2019 in the 7th Congressional District, which was redrawn in 2022 to include a significant portion of Nashville. The city was carved up three ways in the 2022 redistricting so Republicans could flip a Democratic district in Congress that had covered Music City, which they successfully did.

Green previously served as an Army surgeon and in the state Senate and is from Montgomery County.Green flirted running for governor in 2017, but suspended his campaign after he was nominated by former President Donald Trump to become the Army secretary. He later